METAS DEL PERÚ AL BICENTENARIO





Gonzalo Gamio Gehri


Hace algún tiempo el Consorcio de Universidades publicó el libro Metas del Perú hacia el Bicentenario, un conjunto de reflexiones y propuestas – elaboradas por diferentes investigadores y académicos de múltiples disciplinas – para nuestra República en 2021. Los temas son diversos: Agricultura, minería y ambiente, pesca, educación e innovación tecnológica, pobreza y desigualdad, capital humano y productividad, política económica, desarrollo sustentable, infraestructura, inseguridad, anticorrupción y transparencia.

Participé en la redacción de este volumen con un ensayo sobre el combate a la corrupción, Reflexiones filosóficas sobre la formación en ética pública y la lucha contra la corrupción. En ese artículo examino el concepto de corrupción, en una formulación que permite rastrear su presencia no solamente en el ámbito público – la típica definición que alude exclusivamente al “uso privado del bien público”  -, sino asimismo en los escenarios del mercado y las instituciones sociales. Luego se discute el modelo educativo propicio para la prevención cívica de los delitos de corrupción y el cultivo del debate público. Es la pedagogía deliberativa (y no la llamada “educación en valores”) el paradigma apropiado para forjar prácticas democráticas.



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UNA NOTA SOBRE UN SISTEMA INSPIRADOR Y PRECARIO







Gonzalo Gamio Gehri

Un viejo político británico solía decir que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Winston Churchill era famoso por sus declaraciones sesudas y llenas de sarcasmo. Su juicio sobre la democracia entraña una lúcida lección. Se trata de una herramienta algo precaria – pues su estabilidad requiere de un sentido fuerte de ciudadanía y (por consiguiente) de instituciones sólidas respaldadas por los ciudadanos -, pero potencialmente eficaz para plantear y resolver conflictos al interior de la sociedad.
Churchill tiene razón cuando plantea su reflexión en un sentido comparativo. La democracia es un régimen político que se propone organizar el ejercicio del poder a partir de la vigencia de un sistema de derechos y libertades individuales, que incluyen la toma de decisiones basada en la deliberación pública y la alternancia de quienes desempeñan funciones de Estado. Aspira con ello a realizar nuestras expectativas de autonomía, de justicia y de bienestar. Los otros modelos que compiten con ella – el  ya derrotado fascismo y el comunismo – se han revelado totalitarios; ellos pretenden organizar la vida de los individuos sin el concurso de su propia opinión, a partir de un régimen de partido único o de Estado corporativista, sin espacio alguno para la discrepancia o la expresión del pensamiento. La sombra de Hitler y Stalin todavía rondaban el mundo, y el gobierno de Franco todavía ejercía su poder en España. Observar las potenciales debilidades de la democracia liberal suponía observar en detalle a sus rivales.
Tiene sentido sin duda apreciar una forma de vida política basada en las acciones coordinadas de sus usuarios – los ciudadanos – y en el reconocimiento de los derechos universales de cada uno de ellos. Un régimen que no se reclama producido por la voluntad de Dios, por la decisión de un grupo de individuos que comparten un linaje  ancestral que ellos mismos juzgan especial, o por la intervención de una clase social racionalmente iluminada que dice conocer las leyes objetivas de la historia. Un sistema político en el que existen modos de fiscalizar la conducta pública de los funcionarios, y de incorporar temas nuevos en la agenda pública, que sean de interés ciudadano.
Una cultura política felizmente antropocéntrica está a la base de los programas democráticos que conocemos. No nos desconcierta que sean los viejos partidarios de las teocracias, las rancias aristocracias de origen feudal y las más anacrónicas visiones epistémicas de la historia las que pretendan condenar los intentos de cimentar el régimen democrático entre nosotros. Y pretenden hacerlo en nombre de un extraño saber cuyos fundamentos no saben sostener.
La democracia busca encontrar mediaciones que ponderen – no anulen – la tensión política entre las exigencias de la justicia y las demandas de la libertad individual. Se plantea el necesario diseño de reglas e instituciones que establezcan contrapesos en el uso del poder. Con frecuencia, estos ideales enfrentan obstáculos poderosos – gobiernos con pretensiones autoritarias, la presión de corporaciones y grupos de poder económico o de otro tipo, presencia de corrupción, etc. -, de forma tal que el proyecto democrático tienda a debilitarse, incluso en medio de la incredulidad de los propios ciudadanos. Pese a todo, la democracia constituye una meta política por la que vale la pena vivir. La nutren antiguos e importantes valores públicos a cuyo logro no podemos renunciar.

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¿DEMOCRACIA EN RIESGO?




Gonzalo Gamio Gehri
Preocupante la situación de la política peruana. Quienes creen que la salida de la candidatura de Julio Guzmán de la campaña electoral se explica exclusivamente con el escueto slogan “hay que cumplir la ley”, deberían revisar las expresiones de preocupación de la OEA por el caso, así como las notas de numerosos medios de prensa internacional que han cubierto la noticia en los últimos días. ¿Esta situación pone en riesgo la democracia en el Perú y la legitimidad del proceso electoral? Eso es algo que tiene que ser debatido con rigor y objetividad. La idea transmitida ha sido que el Jurado Nacional de Elecciones ha fallado de tal manera que la candidatura de Guzmán sale de carrera por una cuestión formal, una presunta irregularidad de democracia interna sobre la que ningún miembro de Todos por el Perú ha planteado denuncia, cuestionamiento, impugnación o queja alguna. Una presunta irregularidad que no puede ser materia de tacha.
Lo curioso del caso es que Todos por el Perú no constituye la única organización que presenta algún problema o cuestionamiento de orden procedimental en cuanto a la inscripción de una lista presidencial o la celebración de una alianza electoral. Una investigación elaborada por la revista Podersostiene que el PPC no aprobó la alianza con el APRA en un Congreso Extraordinario, como sus estatutos estipulaban. A diferencia del caso de Guzmán, miembros del PPC ya habían señalado críticas y dudas al respecto. David Rivera – quien dirige la revista – se pregunta “por qué el JNE ha puesto los reflectores especialmente sobre  Todos por el Perú”. El resultado es que el JNE ha sacado de la carrera electoral a la candidatura que hasta ahora ocupaba el segundo lugar en los sondeos de opinión.

Más allá de las acciones que pueda tomar  Todos por el Perú – dentro y fuera del Perú, incluyendo posiblemente la CIDH – el de hoy es otro escenario político. Los críticos más duros señalan que este escenario está bosquejado para que Keiko Fujimori logre la Presidencia. Asu juicio, los medios casi no la critican. Sus adversarios no cuestionan la debilidad de su programa de gobierno.Veremos si la denuncia ante el Jurado electoral sobre la presunta donación de dinero en plena campaña – acusación que lesionó fatalmente la candidatura de Acuña – prosperan hasta comprometer la campaña de los fujimoristas. Pronto sabremos si la investigación del JNE será estricta o no, o si procede con imparcialidad a la luz de la evaluación de las pruebas y los argumentos que se presenten para fundamentar este caso. Tendrán que pasar algunas semanas para reconocer y discernir el verdadero impacto de estos acontecimientos en el espacio político peruano.  

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CIDADANÍA, PEDAGOGÍA Y CULTURAS. EL DESAFÍO DE UNA EDUCACIÓN DELIBERATIVA*







Gonzalo Gamio Gehri

El compromiso con los derechos humanos y el cuidado de la razón práctica constituyen elementos básicos de toda educación ciudadana en una sociedad democrática. Se trata de dimensiones de la formación del juicio y del carácter que nos permiten lidiar razonable y respetuosamente con los valores de la pertenencia cultural. Una sociedad democrática se propone ofrecer espacios sociales en los que los individuos puedan desarrollar libremente sus vínculos con sus culturas originarias – vínculos que, como hemos visto, pasan por el ejercicio de la crítica -, a la vez que defender con firmeza los cimientos legales e institucionales del pluralismo razonable.


La educación cívica democrática requiere potenciar una ética deliberativa que forma a las personas en la dinámica de forjar consensos interpersonales y expresar disensos a partir del recurso a razones expuestas en el espacio público. Abraham Magendzo es el académico que en los últimos años se ha dedicado a elaborar un paradigma pedagógico que desarrolla esta perspectiva ética. Este modelo promueve la práctica del discernimiento de principios y fines, pero también propicia el encuentro dialógico entre personas que suscriben diferentes visiones del mundo y la vida. Alienta, asimismo, la empatía, el reconocerse en la situación de otros para generar vínculos de solidaridad interpersonal en el seno de una sociedad democrático-liberal.


“Una sociedad que delibera es una sociedad capaz de respetar las diferencias, identidades y opiniones. Pero también es una sociedad cuyos miembros son capaces de comprender y colocarse en la posición de sus interlocutores, de modo que pueden advertir el porqué de sus demandas u opiniones, de esta forma se generaran ámbitos de comunicación que enriquecen e integran en igualdad las diferentes posiciones de sus miembros, que son capaces de resolver y establecer el entendimiento sobre la base de bienestar común y del respeto a las minorías”[1].


La pedagogía deliberativa le otorga un inapreciable valor tanto a la defensa de la universalidad como a la reivindicación de las diferencias. Defiende radicalmente el universalismo moral y legal expresado en la cultura de los derechos humanos y en el imperativo de dispensar un trato igualitario y respetuoso a toda persona humana, más allá de su credo, origen y estilo de vida. Por ello promueve la observancia de los procedimientos democráticos que garantizan una vida social sana y razonable. Estos procedimientos buscan asegurar el sistema de derechos que vertebra una sociedad pluralista y liberal.


Pero también esta pedagogía alienta la expresión de las diferencias en el seno de una democracia. El valor de esa diversidad debe expresarse a través de los canales que establece la ley, en el marco del respeto de las libertades y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Comunicar estas diferencias, contrastarlas y discutirlas en las esferas de deliberación constituye un derecho básico, el derecho a ser uno mismo. Como hemos señalado, la construcción de la identidad es un proceso abierto al diálogo; es un proceso que dura toda la vida y que supone el escrutinio permanente y riguroso de la razón práctica. El despliegue de las identidades constituye una ocasión para el cultivo de la conversación cívica y el mutuo aprendizaje en un sentido ético y político. Una democracia genuina promueve el desarrollo de las fuentes identitarias de las personas, del mismo modo que procura formar a esas personas como ciudadanos que suscriben  conscientemente un sistema público basado en el cuidado de la libertad y la igualdad de todos los miembros de la sociedad.




* Se trata de la quinta parte  de un texto presentado en la revista electrónica de Foro Académico.

[1]Magendzo, Abraham “Formación de estudiantes deliberantes para una democracia deliberativa” en: REICE – Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2007, Vol. 5, No. 4,  p.  74. http://www.rinace.net/arts/vol5num4/art4.pdf.

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EDUCACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS





Gonzalo Gamio Gehri[1]

Los derechos humanos constituyen el núcleo mismo del lenguaje y la práctica del universalismo moral originalmente ilustrado, así como de la cultura política propia de la democracia liberal. La idea fundamental es que cada individuo – en virtud de su capacidad de lógos así como por su sensibilidad – posee un conjunto de prerrogativas e inmunidades asociadas a la preservación de la vida, el cuidado de la libertad, la búsqueda de una vida plena y el disfrute de los bienes materiales adquiridos legítimamente. Este catálogo inicial  de derechos ha generado con posterioridad otros derechos que le son correlativos, derechos sociales, económicos y culturales.


La idea ética que subyace a la teoría de los derechos humanos es la dignidad, la tesis sostiene que las personas, a causa de las razones señaladas (la agencia racional y la capacidad de sentir) deben ser tratadas como fines y no exclusivamente como medios. A diferencia de los objetos del mundo, cuyo valor reside en la utilidad, en lo que podemos lograr haciendo uso de ellos, los individuos somos considerados intrínsecamente valiosos, y por ello merecedores de respeto incondicional.


La idea de dignidad y el sistema de derechos no necesitan de una teoría metafísica de la condición humana para encontrar una justificación filosófica razonable y consistente. Los derechos humanos pueden ser concebidos como herramientas sociales sustanciales para la vida en común, vale decir, como categorías y reglas que pueden contribuir con las metas prácticas de reducción del sufrimiento, el ejercicio de libertad y el logro de bienestar. La cultura de los derechos humanos se inscribe en el legado espiritual del proyecto ilustrado, consistente en construir una red de compromisos morales (y jurídicos) que alcancen a todos los seres humanos, trascendiendo fronteras nacionales, confesionales y culturales[2]. Todas las personas son consideradas parte de nuestra comunidad moral.


Entonces la cultura de los derechos humanos se manifiesta a través de una serie de prácticas sociales, concepciones éticas, instituciones, normas inscritas en nuestros sistemas locales e internacionales. La educación constituye un proceso conducente a iniciar a los individuos en esta importante cultura ético-política; se trata de formar a los futuros ciudadanos en la experiencia de la empatía, el desplegar el trabajo de la reflexión intelectual y el de la imaginación para reconocerse en la posición de quienes sufren injustamente, sea cual sea su origen, convicciones o forma de vivir. La cultura de los derechos humanos debe entrar en diálogo con los idearios de las culturas y tradiciones locales. De hecho, los derechos humanos le asignan límites normativos a las prácticas culturales. Los derechos humanos están orientados a proteger la dignidad humana, así como asegurar las capacidades básicas que los seres humanos requieren para llevar una vida de calidad[3]. La convergencia entre el enfoque de las capacidades y la perspectiva de derechos permite establecer un criterio de demarcación (y de discernimiento) entre los elementos positivos y destructivos de las prácticas tradicionales. La clitoridectomía, por poner un ejemplo, se revela como una práctica funesta, pues consiste en una forma de mutilación física que anula por completo una capacidad humana vital, el disfrute de una vida sexual  plena.


Las tradiciones pueden ser una fuente de genuina realización humana, pero cuando se transforman en un objeto de devoción integrista pueden transformarse en instrumentos de violencia y producir graves restricciones a la libertad. Es preciso someterlas a interpelación y crítica severas. Las culturas pueden revelarse como trasfondos significativos de comprensión y de acciones con sentido en la medida en que su observancia implique seguir sin restricciones el camino de la reflexión.



* Se trata de la tercera parte  de un texto presentado en la revista electrónica de Foro Académico.


[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificiade Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia UniversidadCatólica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestríaen filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional(2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica(2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

[2]Véase sobre este tema Rorty, Richard “Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo” en: Verdad y progreso Barcelona, Paidós 2000 pp. 219 – 42.
[3]Cfr. Sen, Amartya La idea de justicia Madrid, Taurus 2010.

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EL PLURALISMO LIBERAL Y LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA *







Gonzalo Gamio Gehri   [1]


La valoración de la diversidad humana – cultural, religiosa, sexual, o de cualquier otra índole – constituye un elemento básico de cualquier proyecto de ética cívica mínimamente lúcido y significativo. Las sociedades contemporáneas albergan la diversidad como un factum. Aquellas que están organizadas según la estructura de un Estado democrático de derecho se trazan además como un propósito político crucial el promover el encuentro entre los múltiples modos de pensar el mundo y conducir la vida en un marco de libertad e igualdad. Cualquier cosmovisión y forma de vida que sean compatibles con este marco normativo democrático son bienvenidas en los fueros de una sociedad  genuinamente pluralista.


Una sociedad democrática cultiva la comunicación de las diferencias y ofrece espacios para el mutuo aprendizaje de personas y colectividades con ideas y convicciones distintas. No promueve exclusivamente la tolerancia frente a las concepciones del bien y los estilos de vida, sino el reconocimiento, una experiencia que va más allá de ella. Se trata del encuentro dialógico entre seres humanos que llevan múltiples historias consigo, así como un conjunto de creencias y valoraciones sobre el mundo y la existencia humana en él. La tolerancia supone únicamente admitir las diferencias de género, cultura, religión, clase social, etc., como elementos presentes en los escenarios de la vida pública y privada; el reconocimiento implica que estas  diferencias se conviertan en un foco de conversación cívica, con el propósito de ampliar (y repensar) los horizontes de comprensión de los agentes, así como edificar una cultura política comprometida con los derechos fundamentales y con un estricto sentido de justicia.


Las democracias liberales que se configuran políticamente en sociedades multiculturales requieren de una condición de “pluralismo razonable” – para decirlo en términos de Liberalismo político de John Rawls -; vivimos en una sociedad habitada por múltiples tradiciones morales, filosóficas y religiosas, pero que necesita que cada una de aquellas tradiciones particulares acepte la existencia de las demás, se comunique con ellas, y esté dispuesta a cooperar con ellas si hace falta. En una condición como aquella, cada una de estas tradiciones – a partir de sus razones internas – considera que las personas son libres e iguales y merecen un trato conforme con estos atributos[2]. Aquellas concepciones se interpretan como consistentes con las exigencias de justicia que subyacen al imperio de la ley.


Esta situación es en parte el resultado de un proceso histórico de reflexión, así como prácticas de comunicación y conflicto con el sistema político de la democracia liberal. En este proceso, las tradiciones se reformulan y cambian de perspectiva, a veces como resultado  de la tensión y de la crítica. La libertad, la igualdad y el trato justo son valores públicos que incorporamos a nuestras vidas, que pasan por nuestra mente y por nuestro corazón. Ellos sostienen la dimensión procedimental de la democracia, pero también constituyen un modo de vida que orienta a los ciudadanos a participar en la res publica. Por eso requieren del trabajo de la formación, lo que los griegos denominaban  paidéia.  Se trata de un proceso de adquisición de capacidades y excelencias de juicio y de carácter orientadas a la percepción del otro como un agente libre y digno, un fin en sí mismo, destinatario último de las normas e instituciones que constituyen el orden público. Esta clase de educación debe entrar en diálogo con las múltiples formas de filiación y pertenencia que asumen las personas en el curso de su vida.


 La pertenencia cultural constituye un elemento significativo de la identidad, pero no es el único. Nuestra identidad está constituida por diversos vínculos, propósitos y actividades. Nuestro modo de ser no está tallado sobre un solo bloque de piedra. Amartya K. Sen y Amin Maalouf han examinado la pluralidad de facetas de nuestro sentido del yo: origen geográfico, nacionalidad, residencia, género, clase, cultura, religión, profesión y oficio, ideas políticas, preferencias literarias, ideas filosóficas, y un largo etcétera. No existe una jerarquía a priori de estas determinaciones y vínculos sociales[3]; ella depende del razonamiento práctico y de la decisión de la propia persona, de cara a su situación, mundo vital y posibilidades de acción[4]. Comprender el lugar de cada una de estas dimensiones de la identidad implica comprender su importancia en la trama dramática que le da sentido al relato de nuestra existencia. Esta trama es fruto del discernimiento situado – encarnado – del propio agente. Se trata del trabajo de aquello que Aristóteles llamaba noús praktikós (razón práctica), la capacidad de deliberar y entre elegir opciones vitales rivales en función de las razones que les asignan valor o las privan de él, tomando en cuenta la especificidad de los contextos en los que actuamos.









*Se trata de la parte inicial de un texto presentado en la revista electrónica de Foro Académico.

[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificiade Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia UniversidadCatólica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, . Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional(2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica(2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.


[2]Revísese al respecto Rawls, John Liberalismo político México 1997, conferencia primera.
[3]Sen, Amartya Identidad y violencia  Buenos Aires, Katz 2007.
[4]Maalouf, Amin Identidades asesinasMadrid, Alianza 1999.

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MIEDO EN EL AIRE



Gonzalo Gamio Gehri


El cumplimiento de la condena y la salida en libertad del emerretista Peter Cárdenas ha generado un encarnizado debate en la prensa y las redes sociales. Es un tema sensible, por supuesto. Cárdenas ha sido condenado por terribles actos de terrorismo que incluyen asesinato y secuestro.


El asunto es que las penas de los condenados por terrorismo están cumpliéndose, y, en términos de lo establecido por la ley, les corresponde salir, ya pagaron su deuda con la sociedad (sin contar con el dinero que deben pagar al Estado por concepto de reparación). Los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA han sido procesados y condenados en democracia – luego de haber sido juzgados durante el fujimorato sin observar los principios del debido proceso – y se les ha asignado severas y merecidas penas. Algunos morirán en la cárcel. El castigo ha sido proporcional al terrible daño generado en las vidas de nuestros compatriotas. En otros casos, los subversivos que han cumplido sus penas están siendo puestos en libertad ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Se les permitirá reinsertarse en la sociedad? ¿Se les debería retener en sus celdas? Por décadas, esta clase de preguntas simplemente no se formulaban; aún hoy, si alguien las formula es observado con sospecha. Las reacciones han sido destempladas. Lean por ejemplo este artículo, publicado en un portal de derecha conservadora, , abundante en calificativos, del que no puede extraerse ni un soloargumento para la discusión. Este es un tema serio que no debe dejarse en manos de quienes improvisan un discurso estridente y violento. No podemos ceder ante un discurso que sólo busca ofuscarnos y suscitar reacciones viscerales sin desarrollar una mínima reflexión. Es una lástima que nuestro país no haya sido suficientemente capaz de madurar para afrontar un debate complejo y doloroso, que exige lucidez y rigor. Libros como el de José Carlos Agüero y el de Lurgio Gavilán marcan una pauta distinta, más profunda y aguda.

Un síntoma de la inmadurez de un sector importante de la sociedad es que se va propiciando un clima de miedo para ser aprovechado con fines políticos. La iniciativa Chapa tu choro, las granadas, ahora, la salida de la cárcel de terroristas ¿Quién gana en este río revuelto? La alternativa de la “mano dura”, a pesar de que la conduce una persona de escasa experiencia política y nula experiencia laboral. Son muchos los que buscan explotar políticamente esta complicada situación. La vuelta a la propuesta fujimorista es alentada por una buena parte de los medios de comunicación y por la mayoría de los líderes empresariales del Perú ¿Debemos ceder al embrujo del miedo y de la visceralidad? ¿Debemos seguir el estribillo que cantan los principales grupos de la prensa nacional? ¿O podemos comprometernos con el ideario democrático que planteó el unspirador camino de la transición hace menos de quince años? Peruano, date un tiempo para reflexionar sobre estos asuntos que preocupan. Seguiremos discutiendo este tema.

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SOBRE ‘ EL ECLIPSE DE LO PÚBLICO’






Gonzalo Gamio Gehri

El ethoscívico tiene que lidiar con dos poderosas dificultades de orden práctico. Uno de estos obstáculos es el hecho de que las desigualdades conspiran contra el sentido de comunidad política y la participación directa. La pobreza no es sólo carencia de recursos, es ausencia de libertad; la extrema pobreza puede convertirse, para usar las palabras de Gustavo Gutiérrez, en muerte prematura. Las desigualdades sociales minan la política democrática en cuanto tal. En la perspectiva de Amartya K. Sen, el desarrollo humano se evalúa tomando en cuenta si todas las personas pueden poner en ejercicio sus capacidades fundamentales, componentes básicos de una vida de calidad[1]. Los Estados y las instituciones deben ofrecer el marco político y legal – y generar los espacios – para que estas capacidades puedan desplegarse. No sólo lograr una vida longeva y saludable y un empleo digno, sino también disfrutar de libertades y oportunidades vinculadas a la expresión del pensamiento y los sentimientos, el cuidado de vínculos sociales y relaciones con las especies naturales, la igualdad civil,  el respeto de los derechos humanos, el cuidado de la autonomía pública y privada, etc. Cuando tener dinero se convierte en un elemento decisivo para acceder a las condiciones para el logro de dichas capacidades – por ejemplo recibir un tratamiento médico eficaz o contar con servicios educativos que promuevan la creatividad  y la formación del juicio -, la brecha entre las personas se hace más grande y los lugares de encuentro ciudadano se tornan escasos y extraños. Si los espacios educativos, por ejemplo, no son escenarios para interactuar y deliberar juntos, difícilmente podremos encontrar actividades o metas comunes[2]. Requerimos lugares públicos para el reconocimiento, el debate y la acción común. Espacios igualitarios, abiertos a las diferencias y al ejercicio de las libertades sustanciales de la vida cívica. Sin ellos – y sin las actividades que se llevan a cabo en y desde ellos – no tenemos una genuina democracia.

El otro problema tiene que ver con el debilitamiento de la acción política. Desde La Boetie hasta Dewey, Arendt y Bellah – pasando por Tocqueville – se ha observado que la deserción de los ciudadanos en materia de movilización y vigilancia genera formas de tutelaje o de autoritarismo, a través de la acción de la autodenominada “clase dirigente”, de los tecnócratas o incluso a través de la sujeción por parte de un tirano. La idea es que en la sociedad moderna los individuos tienden a aislarse, a dedicarse exclusivamente a las actividades propias de la esfera privada – el trabajo, el consumo, los pequeños círculos de la familia y los amigos -, concibiendo esta esfera como el lugar privilegiado de realización y libertad. La consecuencia de esta actitud y su concreción es que las personas abandonan el espacio público como foro de deliberación. De hecho, desatienden la acción política, en materia de decisiones comunes y fiscalización. Esta elección no deja las cosas tal como estaban en cuanto al ejercicio de la libertad. En efecto, los individuos dejan el ruedo político y sus exigencias a favor de sus metas privadas en el mercado y sus propósitos en la esfera de la vida personal. Al actuar de esa manera, los agentes abjuran del cultivo de sus libertades políticas y del ejercicio del poder cívico. Son los gobernantes y los políticos en actividad quienes se ocuparán de los asuntos públicos: son ellos los que tomarán las decisiones en representación de sus electores. Al replegarse en sus círculos privados, los individuos entregan esa libertad para actuar a las autoridades; renuncian a practicar la ciudadanía y se comportan como súbditos[3]. Esta renuncia genera formas de alienación política que propician la configuración de conductas autoritarias desde los gobiernos. Si los agentes no se preocupan por vigilar a los gobernantes y por preservar la vigencia plena del Estado de derecho, quienes ejercen la función pública pueden conculcar los derechos de otros, e incluso generar formas autocráticas de conducción política. Nada de esto se logra sin la complicidad de los propios individuos, que consienten la presencia de este poder tutelar. Por desidia, falta de valor, o quizá convencido por la promesa de eficacia, el ciudadano que renuncia a la acción permite el fortalecimiento del autoritarismo y lo aplaude. No hay señor sin siervo. En pleno renacimiento francés, La Boetie sostiene que “esta obstinada voluntad de servir se ha enraizado tan profundamente que ya parece que el amor mismo a la libertad no es tan natural[4].

Ambos fenómenos son inquietantes y minan la posibilidad de la democracia. Es preciso atacarlos a la vez, señalaría de inmediato. El desaliento respecto de la capacidad de transformación que ostenta el ciudadano fortalece las pretensiones de quienes prosperan en tiempos de regímenes autoritarios. Es necesario recuperar la fe en la acción política del ciudadano. Sólo se puede realizar la democracia produciéndola en diferentes espacios sociales y políticos. Se recupera la libertad ejercitándola, no existe otra salida. Combatir las desigualdades sociales implica comprometerse con políticas de redistribución y con una mayor inversión estatal en los servicios públicos de educación y salud. Propiciar la apertura de espacios para la participación cívica, luchar por esa apertura. En el presente existen muchos escenarios para la comunicación y el trabajo de la crítica, foros locales y también virtuales; recurrir a ellos significa recuperar espacios para la ciudadanía en cuanto sea posible hacerlos accesibles a todos. Vivimos una suerte de eclipse de la política, no cabe duda, pero superar esa situación está en nuestras manos. 



[1] Véase Sen, Amartya K. Desarrollo y libertad Buenos Aires, Planeta 2000; revísese asimismo Nussbaum, Martha  Crear capacidades. Barcelona, Paidós 2012.

[2] Consúltese Sandel, Michael Justicia ¿Hacemos lo que debemos?Barcelona, Debolsillo 2013 capítulo 4.

[3] Véase Tocqueville, Alexis de, La democracia en América Madrid, Guadarrama 1969.

[4]  De La Boetie, Etienne  Discurso de la servidumbre voluntaria Madrid, Trotta 2008 p. 31.

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LAS IZQUIERDAS, OTRA VEZ DIVIDIDAS

Gonzalo Gamio Gehri

Nuevamente asistimos al penoso espectáculo de la división de las izquierdas. Es una historia conocida que los desacuerdos en torno a candidaturas y las desavenencias ideológicas echan a perder la posibilidad de que la izquierda, y en general los grupos progresistas, puedan presentar una propuesta más o menos articulada. Por un lado, una facción de la izquierda con cierta experiencia política está planteando la candidatura de Y. Simon en las elecciones de 2016. Puede entenderse esta decisión en el hecho de que Simon es un personaje conocido en el escenario político, con una trayectoria interesante en Lambayeque, y una fugaz y controvertida gestión al frente la PCM durante el segundo gobierno de García. En el otro lado, tenemos a un conjunto de colectivos alrededor de Tierra y Libertad. El conflicto entre ambos sectores parece residir en el hecho del premierato de Simon, que comprometería moralmente su candidatura.
Si existen controversias de tipo ideológico entre ambas izquierdas, éstas aún no han salido a la luz, que sepamos. Resulta lamentable – lo hemos comentado más de una vez – que estos movimientos y otros no hayan supuesto una discusión más honda y estricta sobre los cimientos teóricos y prácticos del pensamiento progresista, en diálogo con el liberalismo político. La distribución del poder, la ciudadanía activa, los derechos humanos, la separación de instituciones sociales, las formas de representación y participación de la democracia, la economía de mercado, son elementos que requieren de discusión y que deberían – creo – ser asimilados de manera creativa por las izquierdas. Resulta preciso examinar y abandonar algunos presupuestos ideológicos cuestionables, como el determinismo económico, y en particular una concepción de la ciencia y de la historia con matices totalitarios y salvíficos. Como indica mi colega y buen amigo Ricardo Falla C., este trabajo resulta urgente. Han surgido algunas formulaciones “postmodernas” del marxismo, bastante precarias desde el punto de vista de la filosofía. Una reformulación crítica y seria del pensamiento acerca de la justicia social permanece como un proyecto sin asumir en nuestro contexto.
Las izquierdas enfrentadas difícilmente podrán presentar una iniciativa de gobierno o de fiscalización parlamentaria realmente consistente. Difícilmente podrán hacer frente a la estigmatización ideológica que genera contra ellas la ‘clase política’ y la prensa conservadora, que las acusa falsamente de extremistas, contrarias al progreso y afines al terrorismo. Resulta prioritario desenmascarar tales campañas destructivas, promovidas por diversos medios de comunicación. La unidad constituye una medida valiosa; creo que sus líderes harían bien en optar por unirse y plantear una alternativa política conjunta. No sólo pensando en las elecciones, sino en el futuro de mediano y largo plazo: las izquierdas tendrían que proponerse retomar el contacto con las bases que el fujimorismo les arrebató en los noventa, usando contra ellas el clientelismo y fortaleciendo una actitud autoritaria. La izquierda contribuiría sin duda a combatir el “sentido común” conservador que comienza a instalarse en nuestra política local.

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SOBRE RECONCILIACIÓN, JUSTICIA Y PERDÓN. OTRA NOTA SOBRE "LOS RENDIDOS"


Gonzalo Gamio Gehri

Quisiera discutir algunas ideas del texto de José Carlos Aguero – Los rendidos – que son bastante controvertidas. Algunas ideas sobre la complejidad del concepto de víctima. La víctima es alguien que ha sido tratado con injusticia, de modo que su cuerpo y alma han sido dañados en circunstancias no deseadas por quien sufre sus efectos. Eso no significa que la víctima sea por sí misma una persona moralmente ejemplar; se trata en realidad de una persona concreta, que ha estado en el lugar incorrecto en la hora incorrecta. Se le han desconocido sus derechos básicos, se ha negado su identidad como ciudadano y su condición moral de individuo. La víctima no lo es por reunir ciertos estándares de pureza. Ha sucedido en la Alemania nazi, en la Rusia estalinista y en el Perú: los victimarios pueden convertirse en víctimas, las víctimas pueden convertirse luego en victimarios. Todorov lo ha explicado con rigor. podemos pensar en posibles casos hipotéticos. Condenados por delitos probados de terrorismo pueden encontrar la muerte en la represión de un motín en la cárcel. O un militar sentenciado por tortura que es víctima de un atentado subversivo. Esas muertes, no obstante, tienen lugar en un contexto de injusticia. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen delitos contra los derechos humanos. Un preso pierde el derecho al libre tránsito mientras cumple su condena, pero no ha perdido su derecho a vivir. Para la acción de la justicia es importante reconocer la condición de víctima y victimario cuando estas recaen en una misma persona, y deben ser consideradas y evaluadas de manera diferenciada, para asignar sanciones y ponderar reparaciones, cuando éstas son necesarias. Se trata de imputaciones distintas: ambas son valiosas en la medida que se trata de dar a cada cual lo que le corresponde[1].
“La víctima (…), está allí, aunque no se le quiera ver o se la descarte del lenguaje. En algún lugar del mundo alguien se conduele de un deudo de una guerra, en secreto. Quizá un vecino. Y quizá nunca lo sepas porque quizá calle toda su vida”[2]

Las víctimas – sean quienes sean – merecen ver restituidos sus derechos, en los términos en que un ciudadano y una persona humana los posee. Tienen derecho a conocer la verdad acerca de lo que le sucedió a él o a sus seres queridos. Tienen derecho a la justicia, a participar de un debido proceso que esclarezca la responsabilidad de sus agresores, de modo que éstos reciban una sanción que corresponda a aquello que establece la ley. Tienen derecho a ser reparadas a partir de las medidas equitativas que determinan las instancias del Estado que se ocupan del ejercicio de este tipo de políticas de derechos humanos. Tienen derecho a recuperar su lugar en la sociedad, junto a los suyos, y continuar con sus vidas en paz. Una vez cumplido el proceso de duelo y habiéndose logrado los propósitos de la justicia y la reparación, quienes una vez sufrieron inmerecidamente violencia reasumen la conducción de sus vidas.
El rol de las víctimas en el proceso de reconciliación social es sin duda crucial. Se trata de un proyecto ético y político que se propone reconstruir lazos sociales lesionados por la violencia y construir una auténtica ciudadanía democrática. El perdón constituye una opción libre que puede afrontar la víctima si lo considera correcto: es esencialmente un acto voluntario, no una obligación. Es el camino que discierne el autor en este libro. Argumenta que el perdón implica asumir la actitud moral de “rendirse”, en el sentido de deponer una actitud de rencor y anhelo de revancha frente a los perpetradores – cuya necesaria sanción está en manos quienes hacen justicia en el ámbito público -; perdonar entregarse a los demás en una dinámica de escucha y acogida de los otros. El ejercicio del perdón es una figura existencial específica  – eminentemente práctica – al interior del horizonte más amplio de la reconciliación.

[1] Esto significa que ninguna de estas condiciones elimina o “compensa” a la otra.

[2] Agüero, José C. Los rendidos. Sobre el don de perdonar. Lima, IEP 2015 p. 115.

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