LA ACCIÓN POLÍTICA Y EL ESPÍRITU DEMOCRÁTICO






Gonzalo Gamio Gehri


En el ámbito de las mentalidades y de los modos de vida, debemos combatir la cultura autoritaria que se ha ido gestando en el país desde los albores de la República, e incluso antes. Hemos padecido numerosos regímenes dictatoriales, militares o cívico – militares. La historia que se escribe en los textos escolares ha sido con frecuencia diseñada en la perspectiva de aquellos proyectos autoritarios. El patriotismo ha sido bosquejado como un sentimiento de tipo marcial, que profesan aquellas personas que están dispuestas a morir por el Perú en un campo de batalla. Los héroes que registra esta historia son personajes valerosos, muertos en acción bélica. Rituales como las marchas escolares de las festividades patrias refuerzan este funesto imaginario. El orden, la disciplina y el respeto a la autoridad constituyen los “valores” que son exaltados en la escuela. El espíritu crítico, la búsqueda del saber, el sentido de justicia o el coraje cívico no son consideradas virtudes de primer orden.

De cara a tales puntos de vista – convertidos en un pernicioso ‘sentido común’ -, no sorprende que muchas personas sean proclives a añorar el regreso de gobiernos dictatoriales que recurrían a la “mano dura” para imponer el “orden” sin ningún control legal y político, o a aplaudir candidaturas que declaran que no les “temblaría la mano” para decretar el estado de emergencia en la capital y sacar a los militares a las calles, aunque se trate de medidas efectistas y probadamente ineficaces, a juzgar por experiencias desarrolladas en otras latitudes. Esta mentalidad autoritaria promueve que, en situaciones de crisis, pretendemos tocar las puertas de los cuarteles para buscar soluciones más allá de los arreglos sociales y políticos basados en la observancia de la legalidad democrática.

El imaginario y los rituales de corte autoritario han de ser examinados y sometidos a crítica en los espacios deliberativos del sistema político y la sociedad civil, además de las instituciones educativas. La imagen del caudillo que decide sus propuestas sin discutirlas ni someterlas a consulta, así como la fascinación de parte de la población por el uso de la fuerza constituyen expresiones que han de ser cuestionadas con severidad por los ciudadanos que se propongan erradicar toda forma de tutelaje en el ámbito público. No podemos aspirar a construir una ética cívica celebrando el uso de la fuerza como exclusiva manifestación de “eficacia” o si exaltamos el talante militarista como expresión inequívoca de “compromiso patriótico”. En ese sentido es que constituye un reto importante cambiar esos rituales y reescribir la historia en el registro de los gobiernos civiles, así como la luchas por los derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Esta es una forma concreta de consolidar la democracia y mostrar su valor a las personas en el plano cultural. Necesitamos discutir y promover los cimientos de una ética pública entre nosotros, una ética que vindique nuestra capacidad de razón práctica en los escenarios de la política.

Está claro que reescribir la historia es una tarea que no supone alterar los hechos, sino  que consiste en desplazar el centro de gravedad de la historia hacia otro aspecto de la vida pública. El historiador examina un conjunto de acontecimientos, procesos, personajes, y selecciona entre ellos los que juzga de mayor significación. Se trata de cambiar de eje hermenéutico, poniendo énfasis en los esfuerzos y logros de los gobiernos civiles y las iniciativas de autogobierno. Sólo fortaleceremos la fe en la acción ciudadana en la medida en que aprendamos a valorar aquellas situaciones históricas en las que el peruano de a pie ha asumido el reto de hacerse cargo de su propio destino y defender sus instituciones libres. Deben discutirse asimismo los regímenes nacidos en golpes de Estado, así como los proyectos basados en el anhelo de concentrar el poder y desconocer el imperio de la constitución y las leyes. Debe someterse a reflexión la entraña injusta de tales regímenes en tanto privan a las personas de sus derechos y las tratan como meros  súbditos.

En esta medida, se requiere poner en el centro del proceso formativo el cuidado de la deliberación. A menudo, este espíritu de tutelaje no se impone sin la complicidad de los involucrados, que prefieren desentenderse de los quehaceres de la ciudadanía democrática. La deliberación es una actividad de la razón práctica consistente en la evaluación crítica de los cursos de acción y los modos de vida que podemos elegir conscientemente para edificar una vida plena en los diversos escenarios de la vida pública y privada. En los espacios de la vida individual, lleva a los agentes a diseñar y discutir sus planes de vida; en los de la vida pública, está orientado al examen de las medidas políticas y la fiscalización de la gestión de las autoridades estatales. La práctica de la deliberación es inseparable del ejercicio mismo de la libertad.

El énfasis en la deliberación práctica es esencial para la cimentación de una ética cívica. Hasta hoy, la escuela peruana – no solamente pública – es aún un espacio autoritario en el que la palabra del maestro es inapelable; en ese sentido, esta clase de escuela alienta y reproduce .el espíritu de tutelaje que genera políticas autoritarias. Una pedagogía deliberativa promueve el encuentro de diferencias en  la escuela y en otros escenarios sociales[1]  Diversas maneras de pensar y de sentir pueden expresarse, contrastarse y propiciar formas de aprendizaje mutuo. No es posible edificar compromisos comunes sin configurar, a través de la deliberación, una cultura del respeto de la diversidad que habita nuestras sociedades. Abraham Magendzo lo explica de manera especialmente aguda:

 

“Una sociedad que delibera es una sociedad capaz de respetar las diferencias, identidades y opiniones. Pero también es una sociedad cuyos miembros son capaces de comprender y colocarse en la posición de sus interlocutores, de modo que pueden advertir el porqué de sus demandas u opiniones, de esta forma se generaran ámbitos de comunicación que enriquecen e integran en igualdad las diferentes posiciones de sus miembros, que son capaces de resolver y establecer el entendimiento sobre la base de bienestar común y del respeto a las minorías”[2].

No existe ciudadanía democrática sin consciencia de los derechos y suscripción del trasfondo igualitario que ella necesita. Percibirse como ciudadano entraña la reivindicación de la idea de una igualdad de derechos que no puede ser mellada en nombre de la raza, la cultura, la religión, el origen socioeconómico, el género, ni siquiera la condición legal[3]. El ejercicio de la agencia política – la disposición a actuar con otros en el espacio público – es una forma de actualización de la defensa y el cultivo de los derechos fundamentales de los agentes en el terreno de la práctica.


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NOTA:  Esta es la primera sección de un escrito más largo – aparecido en el último Número de  Páginas - , que iré publicando aquí.

[1] Cfr. Magendzo, Abraham “Formación de estudiantes deliberantes para una democracia deliberativa” en: REICE – Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2007, Vol. 5, No. 4 pp. 70 – 82. http://www.rinace.net/arts/vol5num4/art4.pdf.

[2] Ibid,  p.  74.

[3] Cfr. Alexander, Michelle El color de la justicia Salamanca, Entrelíneas 2014.

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DOS DESAFÍOS PARA UNA ÉTICA CÍVICA








Gonzalo Gamio Gehri

Pasadas las elecciones presidenciales de junio, muchos ciudadanos sentimos que los peruanos nos hemos salvado de enfrentar una nueva etapa autoritaria en el Perú. Semanas atrás, pensábamos que, o no teníamos claridad sobre el movimiento de las tendencias electorales en pugna, o que el resultado sería otro. El último tramo de la campaña se revelaba como una noche llena de misterio; en el mejor de los casos, no se podía avizorar un desenlace. Finalmente, la opción política que en el último mes se planteó la defensa del sistema de derechos y la institucionalidad democrática como elemento básico de campaña ganó en la segunda vuelta.

Una victoria con tan estrecho margen debe llevarnos a hacer una estricta reflexión acerca del estado de la cultura democrática en el país, así como discutir la posibilidad de que ella se vea fortalecida en el futuro. La mentalidad autoritaria es muy poderosa e influyente en el Perú. Las perspectivas asociadas con el elogio del imperio de la autoridad y de la “mano dura” por lo general tienen acogida en períodos de crisis, tiempos en los que prima el sentimiento de inseguridad y desconfianza entre la población. No sólo inseguridad y desconfianza frente a la acción de los representantes y las instituciones, sino incluso frente al comportamiento de sus conciudadanos. En etapas de estabilidad, las ideologías autoritarias o proclives al uso de la violencia se evidencian ante la opinión pública como extravagantes e irracionales, son claramente objeto de ironía y cuestionamiento.  Es cierto que no sólo nosotros enfrentamos un clima de ansiedad – regiones de Europa también están viviendo una época de incertidumbre y sentido de fragilidad propiciada por los hechos de violencia que se han desencadenado  allí en los últimos años -, pero es cierto que en el Perú se ha instalado un discurso antidemocrático basado en el caudillismo y el tutelaje que ha calado hondo en la mente y en el corazón de muchos compatriotas.

Se trata de un fenómeno complejo que ha sido estudiado en detalle por diversos especialistas, entre los que destaca Alberto Flores Galindo[1]. La mentalidad autoritaria constituye una amenaza permanente para la vida pública. La idea de que un líder carismático ha de guiar al pueblo para la realización de su destino, así como la presuposición de que existen “instituciones tutelares” – las fuerzas armadas o la Iglesia católica – que orientan significativamente el curso de la vida del país, constituyen suposiciones que están presentes en nuestra sociedad. El equilibrio de poderes o la deliberación cívica como instrumento de control político son identificados a menudo como principios inútiles y engorrosos que obstaculizan la toma de decisiones que se requiere para tomar decisiones importantes en la escena política.

La propuesta autoritaria estuvo a punto de tener acceso al poder por la vía electoral. Quienes  estamos comprometidos – ya sea desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil o desde los fueros del sistema político – con una comprensión de la democracia como una forma de vida que se consolide y eche raíces en territorio peruano debemos hacer una severa autocrítica acerca de lo que hemos dejado de hacer o hemos hecho mal en la tarea de fortalecer el sentido de la ciudadanía y el valor de la distribución del poder en nuestra sociedad.  Existen diversos frentes que esa autocrítica debe esclarecer con rigor[2]. Quisiera referirme esta vez a dos de estos niveles. En primer lugar, la comprensión de la democracia como una condición necesaria para la justicia social y el desarrollo; en segundo, lugar, examinaré la exigencia ética de edificar una genuina cultura política democrática centrada en el cultivo de la ciudadanía.



[1] Flores Galindo, Alberto La tradición autoritaria Lima, SUR – APRODEH 1999.

[2] Esta es la primera sección de un escrito más largo, que iré publicando aquí.

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APUNTES DE FIESTAS PATRIAS


Gonzalo Gamio Gehri


El jueves Pedro Pablo Kuczynski asumió su cargo. El discurso fue inspirador, aunque algo esquemático. El fujimorismo sigue asumiendo actitudes delirantes y hostiles hacia el partido de gobierno, y en contra prácticas eminentemente democráticas como una ceremonia de cambio de mando. Definitivamente, el fujimorismo demuestra que no se comporta como una agrupación democrática. Que su ex candidata presidencial sostenga que la mayoría fujimorista en el Congreso haría posible que su plan de gobierno  se traduzca en leyes concretas constituye una afirmación ofensiva. La verdad es que la mayoría de los ciudadanos votó porque ese plan no sea llevado a cabo. No tiene sentido esa pretensión de usurpar las prerrogativas del gobierno elegido.


La Homilía de la Misa y Te Deum estuvo dedicada en parte a desarrollar cuestionamientos a la mal llamada “ideología de género”. Es lamentable que el Cardenal Juan Luis Cipriani insista en desconocer el hecho según el cual las diferencias entre lo masculino y lo femenino a menudo están revestidas de construcciones culturales y sociales que implican la distribución de roles, acceso a formas de poder, cuestiones de igualdad y libertades, etc. Esto no disuelve las consideraciones biológicas o anatómicas, obviamente, pero si destaca consideraciones de justicia y asignación de derechos. La disposición ultraconservadora a identificar a las investigaciones sobre género con consideraciones “ideológicas” revela ignorancia y hostilidad hacia la diversidad, lo cual es reprensible en el contexto de una cultura humanitaria como la que impulsan las sociedades contemporáneas. 


 Las últimas declaraciones del Cardenal Cipriani en sus “Diálogos de Fe” - vía radio RPP - sobre las violaciones a mujeres menores de edad son dignas de rechazo. El lector podrá escuchar directamente  esas declaraciones, juzgar si se las “malinterpreta” como han sostenido sus apologistas. Sugerir que las víctimas podrían compartir la culpa frente a un delito como ese es simplemente repudiable sin atenuante alguno. Esa no es la posición de la Iglesia sobre este delicado asunto. Ya algunas autoridades del Estado han criticado estas declaraciones, como era de esperar. La ley es muy clara y constituye la autoridad fundamental para estos casos.

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LA POLÍTICA SIN UN NORTE CLARO ( IDEELE Nº 231, 2013)




El artículo fue publicado en la Revista Ideele Número 231allá por julio de 2013, con ocasión del segundo año del gobierno de Gana Perú. El texto enfatiza el descuido de la agenda de la transición, situación que fortalece la amenaza autoritaria que se cierne ahora, en esta campaña electoral. Por eso decido publicarlo hoy – ¡tres años después!- en este espacio.





Gonzalo Gamio Gehri


A punto de cumplirse dos años de la gestión del Presidente Humala, uno se pregunta seriamente por la dirección que ha tomado o habría de tomar su gobierno. La suscripción de una Hoja de Ruta democrática convenció a muchos ciudadanos, que decidimos apoyar su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones del 2011 – especialmente a quienes considerábamos (y seguimos considerando) a la otra opción política notoriamente peligrosa y malsana -, pero hoy es casi inevitable sentir que la actual administración está perdiendo la brújula, particularmente en cuanto a la dirección de lo político. Efectivamente, la economía permanece relativamente estable, más allá de algunos sobresaltos, pero el manejo de la cuestión política genera serias preocupaciones.
El reciente incidente suscitado por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la designación del Defensor del Pueblo revela la gravedad de esta situación. El Congreso de la República – en cuya actual composición el partido de gobierno representa la primera minoría – debió asignar esas plazas hace muchísimo tiempo. Debió, además, tomar en consideración la preparación académica de los candidatos, así como el historial de desempeño profesional y la suscripción principios democráticos por parte de de los mismos. Se trata de organismos de control, que requieren de personas preparadas y honestas, con vocación de imparcialidad frente a la potencial influencia del gobierno y de los grupos políticos. El  Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo son instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos en conformidad con la Constitución y las leyes. En abierta contradicción con la naturaleza de esta elección, las organizaciones políticas con representación en el Congreso decidieron negociar cuotas de poder y repartirse las plazas en estas instituciones públicas.
Quien determinó el mayor número de plazas para el Tribunal Constitucional fue el  propio partido de gobierno. Resultaría ingenuo pensar que estas gestiones no contaron con la coordinación y la decisión de miembros ejecutivo, los líderes y fundadores de Gana Perú. Tomando en cuenta a los candidatos postulados por el oficialismo resulta claro que el criterio para elaborar la lista de candidatos no fue académico sino “político”: se pretendía colocar en el Tribunal a personajes que contaran con la confianza del gobierno y comulgaran con su línea política. Una vez celebrada la sesión del pleno y consumada esta controvertida elección, el Presidente de la República planteó que los dos personajes más cuestionados – Freitas en la Defensoría y Sousa en el TC – dimitieran de inmediato. Más allá de que se trata efectivamente de dos candidaturas cuestionadas en virtud de argumentos sólidos, no resultaba difícil identificar el cálculo tras la sugerencia presidencial. En general, la reacción de Ollanta Humala resultó evidentemente tardía, y respondió a la manifiesta indignación ciudadana frente a la conducta irresponsable de los grupos políticos, irresponsabilidad compartida por quienes, desde el ejecutivo, participaron en las coordinaciones del oficialismo para llevar a cabo esta funesta componenda parlamentaria.
 
Creo que esta es una situación que grafica bien la actitud del ejecutivo en cuanto a la conducción de los conflictos propiamente políticos en el país. Se proponen llevar a cabo alguna medida polémica – como estas designaciones, o el tema Repsol -, y se espera sopesar la reacción de la opinión pública para tomar una decisión, o avanzar en una determinada dirección. Este proceder genera una sensación de tibieza y de ausencia de un genuino programa político. Revela también – especialmente en el caso que discutimos – una cierta pobreza en materia de convicciones democráticas en el grupo de personas que lleva las riendas del gobierno en la hora presente. Resulta notorio que la distribución del poder no constituye una prioridad para la actual gestión, tampoco existe un gran interés por promover la meritocracia como una pauta para asignar responsabilidades en el ejercicio de la función pública. Lo que encontramos es una buena dosis del mismo juego de fuerzas de antaño. Quienes abrigábamos la (no tan secreta) esperanza de que el gobierno de Humala siguiera la estela política del proceso de transición democrática iniciado en el año 2000 encontramos hoy razones para sostener que la actual administración ha decidido reproducir los viejos patrones de la política criolla, aquella centrada en la que la pugna entre intereses de facción antes que en el fortalecimiento de las instituciones. 

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UNA INTERFERENCIA POLÍTICA





Gonzalo Gamio Gehri

Pésimo gesto el del Arzobispo de Arequipa, Javier del Río, al señalar en el púlpito que los católicos no deberíamos votar por Mendoza o por Barnechea por apoyar la unión civil y el aborto; sería pecado, a su juicio. Por supuesto, Javier del Río se “olvidó” de que Keiko Fujimori se expresó en favor de la unión civil en Harvard  ¿Será que esa mención no resultaría conveniente a sus posibles afinidades políticas?
Esa intervención es perniciosa para la democracia. Se trata de una interferencia política de marca mayor. Una cosa es que, en el templo y en los foros de las comunidades religiosas, las autoridades llamen a la reflexión a las personas acerca de los alcances de su fe, los valores propios de sus creencias en diversos asuntos, etc; eso es perfectamente legítimo. La Iglesia es una institución social en la que sus miembros pueden examinar y discutir sus principios fundadores y propósitos. Pero otra cosa es indicar a los creyentes cómo deben votar, a quiénes puntualmente no deben apoyar, recurriendo a una burda intimidación para lograr ese objetivo. El Arzobispo del Río no debe exigir esa clase de “obediencia” a los fieles, a menos que crea erróneamente que la libertad de conciencia no es un valor cristiano. No debe erigirse en un “tutor”, puesto que, en una democracia, los ciudadanos no requieren de tutores. Es inaceptable que se trate a los ciudadanos como menores de edad.
El Arzobispo del Río debe respetar los límites que establece una democracia. Vivimos en un Estado laico y en una sociedad plural en materia religiosa y de visión del mundo. Debería tomar más en cuenta las declaraciones del Papa Francisco, que reconoce la diversidad de tradiciones y perspectivas como algo valioso y digno de escucha atenta. Ha resultado deplorable esta intromisión en la vida pública. Los ciudadanos somos personas capaces de examinar nuestras opciones políticas, y para tomar decisiones por nosotros mismos en torno a la elección de nuestras autoridades políticas, pedirles cuentas y sacar conclusiones acerca de la calidad de su labor pública. Tenemos derecho a elegir sin ninguna imposición externa. En la política, tenemos derecho a decidir de manera irrestrictamente libre.

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EL ANTIVOTO




Gonzalo Gamio Gehri


En estos últimos días ha resurgido el movimiento antifujimorista en el Perú. La parcialidad evidente de buena parte de la “clase política” y de los periodistas, así como el injusto sesgo que viene aplicando el JNE ante los documentados actos de entrega de dinero de parte de la señora Fujimori (y los suyos), han propiciado la reaparición de un sector importante de la ciudadanía que no quiere la vuelta del fujimorismo y lo que significó como proyecto político. No quieren el regreso de quienes quebraron el sistema democrático, perpetraron actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, controlaron las instituciones, compraron la prensa, negociaron con narcotraficantes y traficantes de armas. Sumieron el país en una década siniestra marcada por el crimen, el autoritarismo y la rapiña. El Perú necesita una renovación política, no el retorno de un régimen que fue evidentemente mafioso.


Por supuesto, la protesta debe hacerse siguiendo las prácticas que exigen la ley, la democracia y el sentido de justicia más básico. Hay que rechazar la violencia de donde fuere, no importa su origen o sus destinatarios. Puede protestarse legítimamente sin violencia alguna, como en el caso de las dos marchas organizadas en Lima en contra de la candidatura de Keiko Fujimori.  Ella debe ser excluida del proceso electoral por estas inaceptables prácticas clientelistas, como sucedió en el caso de César Acuña. No pueden hacerse excepciones..


La candidata ha respondido que lamenta que estas protestas estén dirigidas a una persona, que deberían plantearse y discutirse propuestas, que los protestantes deberían apoyar algún proyecto político y promover alguna candidatura.


Es evidente que éste es un cuestionamiento superficial, que no explora la naturaleza de este antivoto y de esta protesta. Quienes protestan contra la candidatura de Keiko Fujimori rechazan lo que ella representa. Su candidatura representa la entraña delictiva del gobierno de Alberto Fujimori – señalado por Transparencia Internacional como la séptima dictadura más corrupta del siglo XX en el mundo -, del que hereda buena parte de su equipo político y de campaña. En los tiempos más oscuros del fujimorismo, Keiko Fujimori era la primera dama. A los que protestan contra los fujimoristas no les convencen los cambios cosméticos que Keiko Fujimori y su equipo han hecho en los últimos meses en su lista de candidatos al Congreso o el discurso atemperado para la ocasión, menos autoritario. Se trata de puro marketingpolítico.


Quienes protestan contra la postulación de Keiko Fujimori no sólo repudian esta herencia sombría. También sostienen que Keiko Fujimori no está preparada para asumir el gobierno del país. Su trayectoria profesional y política no demuestra que esté apta para ejercer una responsabilidad tan grande. Nunca ha trabajado, y su gestión como congresista no ha sido significativa ni productiva. En años recientes, se ha dedicado a su feudo – su organización política, cuya dirección responde a consideraciones dinásticas – que le otorga una presencia mediática. Su único “activo político” es llevar el ADN del padre. Su presencia política se la debe a Alberto Fujimori.


Quienes protestan tienen en común el percibir la candidatura de Keiko Fujimori como peligrosa para el futuro de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cada uno de ellos tendrá seguramente alguna afinidad política, y habrá pensado a quién apoyar en las elecciones. Llamar “terruco” a quienes rechazan el proyecto fujimorista retrata muy bien la actitud que asumirían estas personas de llegar al poder: perseguir al opositor, estigmatizarlo y criminalizarlo. Oponerse al fujimorismo – a su juicio – no es un acto político: es un acto subversivo y delictivo. Eso también es violencia, por supuesto.

El antivoto es razonable en este caso. Es absurdo señalar que el voto negativo es intrínsecamente contraproducente o inmaduro; los periodistas que así opinan tienen expectativas se carácter político. Los ciudadanos tienen derecho a decirle “no” a una candidatura que puede suponer un decisivo retroceso en cuanto al desarrollo de la institucionalidad, los derechos humanos y el cuidado de las libertades básicas. Quienes protestan contra el fujimorismo tienen sus propias afinidades electorales, pero tienen en común la defensa de la democracia. Esa es una buena razón  para protestar. No queremos quebrar nuestra democracia. Ese principio que quienes lucharon por la transición presidida por Valentín Paniagua asumieron como una prioridad nacional.

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¿DEMOCRACIA EN RIESGO?




Gonzalo Gamio Gehri
Preocupante la situación de la política peruana. Quienes creen que la salida de la candidatura de Julio Guzmán de la campaña electoral se explica exclusivamente con el escueto slogan “hay que cumplir la ley”, deberían revisar las expresiones de preocupación de la OEA por el caso, así como las notas de numerosos medios de prensa internacional que han cubierto la noticia en los últimos días. ¿Esta situación pone en riesgo la democracia en el Perú y la legitimidad del proceso electoral? Eso es algo que tiene que ser debatido con rigor y objetividad. La idea transmitida ha sido que el Jurado Nacional de Elecciones ha fallado de tal manera que la candidatura de Guzmán sale de carrera por una cuestión formal, una presunta irregularidad de democracia interna sobre la que ningún miembro de Todos por el Perú ha planteado denuncia, cuestionamiento, impugnación o queja alguna. Una presunta irregularidad que no puede ser materia de tacha.
Lo curioso del caso es que Todos por el Perú no constituye la única organización que presenta algún problema o cuestionamiento de orden procedimental en cuanto a la inscripción de una lista presidencial o la celebración de una alianza electoral. Una investigación elaborada por la revista Podersostiene que el PPC no aprobó la alianza con el APRA en un Congreso Extraordinario, como sus estatutos estipulaban. A diferencia del caso de Guzmán, miembros del PPC ya habían señalado críticas y dudas al respecto. David Rivera – quien dirige la revista – se pregunta “por qué el JNE ha puesto los reflectores especialmente sobre  Todos por el Perú”. El resultado es que el JNE ha sacado de la carrera electoral a la candidatura que hasta ahora ocupaba el segundo lugar en los sondeos de opinión.

Más allá de las acciones que pueda tomar  Todos por el Perú – dentro y fuera del Perú, incluyendo posiblemente la CIDH – el de hoy es otro escenario político. Los críticos más duros señalan que este escenario está bosquejado para que Keiko Fujimori logre la Presidencia. Asu juicio, los medios casi no la critican. Sus adversarios no cuestionan la debilidad de su programa de gobierno.Veremos si la denuncia ante el Jurado electoral sobre la presunta donación de dinero en plena campaña – acusación que lesionó fatalmente la candidatura de Acuña – prosperan hasta comprometer la campaña de los fujimoristas. Pronto sabremos si la investigación del JNE será estricta o no, o si procede con imparcialidad a la luz de la evaluación de las pruebas y los argumentos que se presenten para fundamentar este caso. Tendrán que pasar algunas semanas para reconocer y discernir el verdadero impacto de estos acontecimientos en el espacio político peruano.  

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DIVERSIDAD Y CONCEPTO DE CIUDADANÍA











 DERECHOS Y AGENCIA POLÍTICA*






Gonzalo Gamio Gehri[1]

La ciudadanía constituye una de las facetas centrales de la identidad. Es una dimensión política y legal del yo concreto que acompaña a todas las demás dimensiones de la identidad personal cuando estas se despliegan en el curso de la vida. Por “ciudadanía” aludimos a dos elementos básicos para la vida pública. En una perspectiva moderna, 1) el ciudadano es titular de derechos universales y libertades individuales, en conformidad con una interpretación contractualista de la justicia. La fuente de legitimidad del ejercicio del poder político y de las propias instituciones es el respeto irrestricto de tales derechos y libertades fundamentales. En la clave de una herencia clásica – común al pensamiento de los griegos y los romanos – 2)el ciudadano es un agente político concreto, es decir, un sujeto capaz de intervenir activamente en la dinámica de la legislación, el debate público y la vigilancia del uso del poder político por parte de las autoridades elegidas. Podemos recordar la famosa tesis de Aristóteles, según la cual el ciudadano es aquel que gobierna y a la vez es gobernado[2].


Se trata de dos concepciones complementarias de ciudadanía[3]. El énfasis en los derechos fundamentales requiere de una ciudadanía activa que esté comprometida con su defensa en tiempos de crisis, e incluso en la política del día a día. Sin  esta clase de praxis, los derechos pueden ser conculcados por autoridades inescrupulosas o por gobernantes guiados por una inaceptable vocación autoritaria. Del mismo modo, en la escena democrática contemporánea, el ejercicio de la política encuentra en el vocabulario y la práctica de los derechos el corazón mismo del debate público y de la acción cívica. Estamos hablando de dos componentes básicos de nuestra identidad política.



La diversidad cultural – además de otras diferencias significativas para el desarrollo de la identidad – subyace a (y está presente en) la condición de ciudadano. Personas que provienen de culturas distintas, que profesan credos religiosos y convicciones éticas y  sociales diferentes, pero que habitan la misma comunidad política, comparten la ciudadanía como una condición y una actividad que les es común. Observan la misma carta constitucional, participan de las mismas instituciones estatales y se reconocen en una misma historia política y social; todas estos aspectos de la vida común constituyen fuentes de valores públicos particularmente significativos. El sentido de justicia y solidaridad asociado a la defensa de los derechos humanos y a la participación cívica es la expresión de estos valores. Estas excelencias requieren de procesos pedagógicos que hagan posible su incorporación en la vida, como competencias que orientan la deliberación y la acción política.

Quisiera examinar dos elementos cruciales para la construcción de esa pedagogía ético-política. La reivindicación de los derechos humanos y el cuidado de la razón práctica constituyen dos dimensiones de la educación cívica en las que se desarrolla una actitud específica – particularmente autorreflexiva – frente a los bienes de la pertenencia cultural y a la atención rigurosa a la diversidad. Ellas ponen de manifiesto en qué medida la ciudadanía encarna la dimensión política de nuestras identidades concretas.



* Se trata de la 2º parte  de un texto presentado en la revista electrónica de Foro Académico.


[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificiade Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia UniversidadCatólica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestríaen filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional(2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica(2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

[2]Cfr. Política 1277b 10.
[3] He discutido esta tesis en Gamio, Gonzalo “El cultivo de las Humanidades y la construcción de ciudadanía” en Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales Vol. 66 (2008) Nº 29 pp. 237 – 54.

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ACERCA DE LA DEBATIDA "DESCOMPOSICIÓN DE LA POLÍTICA" PERUANA









Gonzalo Gamio Gehri

La situación de la política peruana es realmente desconcertante. Estas reflexiones son absolutamente preliminares, todavía imprecisas – unas cuantas líneas en un escrito de blog -, pero creo que tiene sentido poner un par de ideas por escrito. Tengo el recuerdo vivo de varias campañas electorales, pero ésta sin duda es de las más retorcidas y cuestionables de las que tengo noticia.

La sensación que uno tiene es que fuera de unas pocas excepciones, los candidatos a la presidencia del Perú cuentan con una trayectoria pública penosa y sombría. Uno de ellos no puede responder a las numerosas acusaciones de plagio que comprometen su confusa y controvertida biografía académica. Otro es un ex presidente cuestionado por los indultos y conmutaciones de penas asignados bajo su gestión. La candidata favorita está asociada de un modo u otro con el gobierno de su padre – marcado por delitos de corrupción y contra los derechos humanos -, y es una política a la que los periodistas conceden entrevistas sin mayor rigor ni severidad ni críticas incómodas. Casi la totalidad de la prensa nacional – salvo algunos pocos medios – se esfuerza por hacernos creer que se trata de los únicos candidatos que habría considerar.

A mi juicio, Barnechea,  kuczynski, Mendoza y Guzmán constituyen alternativas más razonables, por su preparación, y porque no cuentan con esos precedentes tan cuestionables. El contenido de los planes de gobierno, por supuesto, no cuenta como un elemento decisivo para la decisión; para mucha gente se trata de una cuestión de carisma o de “percepción de liderazgo”. Podemos hablar con propiedad de la “descomposición de la política” pero sólo en la medida en que aceptamos usar  el concepto de “política” allí donde no existen partidos políticos ni instituciones sólidas, ni un espacio público plural y abierto al debate cívico, etc.

Es preciso renovar lo político desde la experiencia básica de ciudadanos que se encuentran para discutir los problemas del Perú. Necesitamos examinar la trayectoria pública de los candidatos al ejecutivo y al legislativo, evaluar sus programas de acción. No dejemos que el tema del proceso de este año permanezca como un asunto de simpatías (y no de saber) y de cobertura mediática. Que nuestra deliberación y nuestra decisión hagan la diferencia en esta oportunidad.

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“VOX POPULI..”







Gonzalo Gamio Gehri

Expondré aquí una reflexión que suelo presentar en clase.  En tiempos de campaña electoral, la apelación “al Pueblo” – con mayúsculas – es moneda común. Los candidatos se conciben como preclaros intérpretes de sus intereses, sus necesidades, sus simpatías. Si le interesa o no la hoja de vida de los postulantes, si son transparentes en torno a la obtención de sus grados académicos, o su trayectoria política, sus convicciones en torno a la institucionalidad y los temas de derechos humanos.

Con frecuencia se asume que el Pueblo tiene una (única) voz. Esa voz ‘tendría que ser’ incuestionable, casi infalible (¿?). Vox Populi, Vox Dei, reza el conocido refrán latino. Esa presuposición lesiona gravemente la democracia como idea y como forma de vida política. Efectivamente, la política democrática se sostiene en la pluralidad de voces que se expresan en argumentos y concepciones de lo que es correcto y compatible con el bien común, voces que se encuentran y se contrastan en los espacios públicos. No es el Pueblo el protagonista del régimen democrático, sino los ciudadanos, agentes que pueden elegir autoridades  y ser elegidos como tales, arribar a consensos políticos o expresar disensos a través de los canales que señala la ley. Es por esto que la democracia no se funda solamente en las decisiones de las mayorías, sino también en la observancia de los procedimientos, el seguimiento de la Constitución y las leyes, el respeto de los derechos de las minorías.

La comprensión del Populus en términos de unanimidad conduce a la disolución de la diversidad constitutiva de lo político (y de lo humano); el obvio riesgo es la tendencia al totalitarismo. El joven Hegel cuestionó acertadamente la idea de Rousseau de la “voluntad general” y su conexión con el surgimiento del Terror jacobino. Nada más lejano al espíritu democrático que el rechazo de las “voluntades particulares” y la persecución de quienes piensan de otro modo. Es preciso añadir que la apelación al Pueblo no ha sido extraña al proceder de numerosos tiranos y dictadores: todos ellos se han considerado portavoces de las mayorías. Si la “voz del pueblo” es la “voz de Dios”, entonces ellos son – pretenden ser – sus sumos sacerdotes. Todos ellos han dicho alguna vez “El Pueblo soy yo”.

A todo esto hay que añadir que todos los tiranos han sido en su momento “populares”; todos han llegado al poder en “olor de multitud”, entre los aplausos de numerosos seguidores. Algunos pueden seguir siéndolo incluso  después de perder el “trono” o de perder la libertad.  Los regímenes autoritarios sólo pueden afirmarse con la complicidad de las personas, una tesis que se ha formulado en siglos diferentes por Etienne de La Boetie y Alexis de Tocqueville. Para decirlo en registro hegeliano, nunca hay señor sin siervo. Esta apelación a la Vox Populi alimenta nuestra “tradición autoritaria”. La precariedad de nuestras instituciones propicia tales actitudes y afecciones ‘(anti) políticas’.

Pensar la democracia desde sus raíces implica identificar y someter a una crítica severa estos modos de pensar y de actuar proclives al autoritarismo que a menudo se convierten en una suerte de nefasto “sentido común” que debilita cualquier sentido nítido de ciudadanía.

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